En el Estado de México quien explote a personas indígenas o que estén en situación de marginalidad o de vulnerabilidad social, irá a la cárcel hasta por 27 años, así lo determinaron los diputados que conforman la 61 Legislatura de esta entidad federativa, quienes adhieren esta modalidad al delito grave de trata de personas.
La iniciativa de Ley que hace días fue avalada por unanimidad en comisiones, y que este martes fue aprobada ante el Pleno, emanó del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) y se explica que se castigará con 18 años de prisión la explotación forzada de personas indígenas o que estén en situación de marginalidad o de vulnerabilidad social, pero la pena carcelaria podría alcanzar los 27 años cuando el delito sea cometido por personas servidoras públicas.
La diputada Juana Bonilla Jaime y Martín Zepeda Hernández, este último coordinador de la bancada de MC, detallaron que los castigos por explotación forzada de personas indígenas o que se encuentren en situación de marginalidad, serán de seis a 12 años de prisión o de nueve a 18, si es cometido por un servidor público, pero estas penas podrían incrementarse hasta en una mitad cuando el delito sea cometido en contra de una persona indígena o que se encuentre en condiciones de marginalidad o vulnerabilidad social.
Se explica que se considera mendicidad forzada o mendicidad ajena, la explotación para obtener un beneficio, es decir, cuando se obligue a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad a través de amenazas de daño grave, uso de la fuerza y otras formas de coacción o engaño, valiéndose de una situación de vulnerabilidad o indefensión.
En este sentido, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Omar Ortega Álvarez, dejó en claro que toda persona por necesidad está en su derecho de pedir limosna en las calles, más ahora que la situación económica se agudizó tras dos años críticos de la pandemia de COVID-19.
Pero, “una cosa es que yo pida limosna porque no tengo otra forma de vivir y otra cosa que se aproveche de la gente para abusar y explotar a estos grupos vulnerables. Estoy completamente de acuerdo por evitar la operación de organizaciones delincuenciales que se dedican al uso y abuso de estas personas vulnerables. No debe ser un delito buscar la manera de sobrevivir, lo que es un delito es aprovecharse de eso y explotar a la gente para su beneficio de unos en contra de otros”, puntualizó el diputado del Sol Azteca.
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