El ministro Luis María Aguilar sugirió a sus compañeros de la corte dejar sin efecto hoy el requisito de la prisión cautelar.
El ministro Luis María Aguilar anunció hoy a sus colegas un proyecto que ampliaría la lista de delitos de detención compulsiva del artículo 19 de la Constitución. Como la lista ha crecido debido a las recientes reformas propuestas por el gobierno actual, el proyecto dejaría sin efecto el primer párrafo del artículo 19, que ordena la detención por 16 delitos específicos.
El proyecto sugiere eliminar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo incluye una lista de 45 delitos diferentes que pueden llevar a prisión como consecuencia. Dado que esto no se aplicó, el proyecto sugiere abolir este artículo.
Aguilar cree que la Corte nunca ha ordenado formalmente que no se aplique una disposición constitucional. Sin embargo, cree que es posible que la Corte ordene esto debido a detenciones informales consideradas preventivas por violar tratados internacionales de derechos humanos. Además, dice que esta es una de las razones por las que México ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o CIDH.
El proyecto explica que el proceso penal de México es autoritario y arbitrario porque la prisión preventiva es la norma. Sostiene que esto se debe a que los procesos penales se ejecutan de manera cautelar. Sin embargo, el proyecto dice que esto se debe a que se espera que los delincuentes cumplan una condena.
La perspectiva de la corte de apelaciones es parcial y limitada. Sólo considera la posibilidad de condenar a una persona acusada a prisión. No toma en consideración las demás opciones disponibles para cumplir con los propósitos de una medida cautelar, ni los efectos negativos de la pena de prisión inmediata. El tribunal tampoco puede analizar el sistema de justicia penal en su conjunto; está atascado en una rutina en lo que respecta a la administración y el funcionamiento de los tribunales y fiscales. Esto fue superado por las reformas de derechos humanos en el Sistema de Justicia Penal, específicamente, la transformación de los tribunales en órganos de derechos humanos.
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