El Sistema Anticorrupción del Estado de México y sus municipios carece de efectividad debido a la corrupción entre las instituciones públicas. Un ejemplo es cuando el Comité de Participación Ciudadana, también conocido como CPC, denunció presuntas conductas indebidas por parte de figuras de autoridad. Sin embargo, los representantes públicos desestimaron con cinismo estos temas e implicaron públicamente al presidente del CPC, José Guadalupe Luna, como parte de una colusión entre instituciones públicas.
Se mencionó el cinismo descarado de los miembros del comité porque rechazaron el Sistema Anticorrupción estatal. El Comité de Prevención de la Corrupción del estado emitió una orden exigiendo una respuesta de la autoridad correspondiente en relación con la corrupción en las cárceles mexiquenses. Esta corrupción supuestamente viola los derechos de las personas privadas de libertad y sus familiares.
La llamada supuestamente era del Secretario de Seguridad para explicar denuncias de corrupción en prisión. Sin embargo, el secretario interino de la Contraloría, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el presidente del INFOEM, el representante del Consejo de la Judicatura y el presidente del Instituto Transparencia manifestaron que estas condiciones no existen en público. prisiones
Declaró que el cinismo está a este nivel; por lo tanto, la única opción que queda es marchar públicamente. Continuó diciendo que es imposible que los funcionarios estatales de alto rango, que se suponía que debían luchar contra la corrupción, emitieran una respuesta tan sorprendentemente aberrante.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos revisó 18 centros penitenciarios; de estos, solo tres no tenían indicios de violaciones. Los tres con más problemas fueron Chalco, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl. Sin embargo, la comisión enfatizó que estos problemas son el resultado del hacinamiento. Este problema dejaría de existir si los centros penitenciarios tuvieran suficientes camas y celdas para todos los presos. Además, la comisión afirmó que la presión dejaría de existir si los prisioneros estuvieran adecuadamente alimentados.
Los actos de corrupción documentados en la prisión involucran soborno y extorsión por parte de los empleados de la prisión. Estas circunstancias afectan a los presos ya sus seres queridos. Además, los presos deben pagar sobornos para acceder a recursos básicos como alimentos, agua, un lugar para descansar y más. El hablante cree que es necesaria una respuesta alternativa; una diferente a la que brindan los ‘burócratas’.
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