Exigen auditoría a obra millonaria por presuntas fallas y posible daño al erario en Chapultepec
Chapultepec, Estado de México.– Crecen las exigencias ciudadanas para que se practique una auditoría técnica, financiera y administrativa a la obra de pavimentación realizada en la avenida de los Constituyentes, la cual tuvo un costo superior a los dos millones de pesos y fue ejecutada durante la administración municipal anterior, ante la aparición de fallas visibles a tan solo semanas de su conclusión.
De acuerdo con la documentación ciudadana y material fotográfico recabado, el pavimento presenta cortes prematuros, desniveles, encharcamientos con lluvias mínimas y tramos con grava expuesta, condiciones que podrían evidenciar deficiencias en la calidad de los materiales, incumplimiento de especificaciones técnicas y una posible mala ejecución de los trabajos.
La obra fue autorizada por el entonces síndico Daniel Abigail López Pichardo y regidores del Cabildo anterior. Ante las irregularidades detectadas, se cuestiona si el tipo de pavimento asfáltico utilizado cumple con la normatividad vigente, si se respetaron los grosores y niveles establecidos en el proyecto ejecutivo y si la ejecución se realizó conforme a contrato o por administración directa.
Asimismo, se solicitó la intervención de la Junta de Caminos del Estado de México para que aclare si fue la instancia responsable de suministrar la mezcla asfáltica, como habría sido informado por la autoridad municipal, y si dicha mezcla cumplía con las especificaciones técnicas requeridas para una vialidad de esta naturaleza.
Otro elemento que agrava la situación es que esta misma vialidad ya había sido intervenida previamente por la misma administración, sin que exista información pública sobre auditorías, resultados técnicos, costos acumulados ni posibles sanciones a servidores públicos o empresas responsables, lo que podría configurar un presunto daño al erario.
Ante este escenario, ciudadanos hicieron un llamado formal al comisariado ejidal para solicitar el expediente técnico completo de la obra, así como a las autoridades municipales y a los órganos de control para que transparenten contratos, bitácoras de obra, estimaciones, pruebas de laboratorio y actas de entrega-recepción.
Finalmente, se advirtió que el recurso público no es ilimitado ni puede justificarse mediante reparaciones constantes, por lo que demandaron que la Contraloría Interna y las instancias fiscalizadoras competentes actúen conforme a la ley, determinen responsabilidades administrativas o penales, y garanticen que las obras públicas cumplan con la vida útil que marca la normativa, estimada entre 15 y 20 años.
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