Detienen a dos altos funcionarios del Edomex por presunta red de extorsión a verificentros
Toluca, Estado de México.— Dos altos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México fueron detenidos por su presunta participación en una red de extorsión que habría operado en contra de propietarios de Centros de Verificación de Emisiones, a quienes presuntamente exigían millonarias cantidades de dinero para permitirles continuar con sus actividades.
Los detenidos fueron identificados como Raúl “N”, director general de Control de Emisiones Atmosféricas, y Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera, ambos adscritos a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México.
De acuerdo con las investigaciones, los funcionarios presuntamente habrían establecido un esquema mediante el cual propietarios de verificentros eran obligados a entregar cuotas periódicas en efectivo para evitar sanciones o el cierre de sus líneas de verificación. Las autoridades estiman que las cantidades obtenidas podrían ascender a varias decenas de millones de pesos mensuales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que Raúl “N” fue localizado y detenido en Acapulco, Guerrero, mientras que Carlos Eduardo “N” fue aprehendido en la Ciudad de México. Las acciones fueron realizadas mediante un operativo coordinado en el que participaron autoridades del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y las fiscalías de Guerrero y de la Ciudad de México.
Las indagatorias señalan que las presuntas exigencias económicas aumentaban durante los procesos de revalidación de las autorizaciones para operar. Además, en algunos casos, los implicados habrían utilizado presuntos actos administrativos para intentar despojar a propietarios de sus concesiones y de infraestructura adquirida por ellos mismos.
Otro de los aspectos bajo investigación son las presuntas amenazas realizadas contra quienes se negaban a pagar o pretendían denunciar los hechos. Según las autoridades, algunos afectados habrían recibido advertencias de posibles represalias, situación que habría provocado que otros propietarios se abstuvieran de presentar denuncias formales.
La investigación también permitió identificar un inmueble donde presuntamente se concentraban los pagos en efectivo, el cual ya se encuentra plenamente ubicado por las autoridades.
La Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación, debido a que no se descarta la participación de otros servidores públicos, exservidores públicos y particulares en este presunto esquema de corrupción y extorsión.
Mientras los dos funcionarios permanecen detenidos y enfrentan el proceso correspondiente, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance de la presunta red, identificar a otros posibles involucrados y localizar a más personas que pudieran haber sido víctimas.
Cabe señalar que las acusaciones deberán ser determinadas por la autoridad judicial competente y que los señalados mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.
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