Desalojo con fuerza pública en Santiago Tianguistenco: Comerciantes denuncian violencia para imponer privatización en «Las Campanas»
**Santiago Tianguistenco, Edomex. – 22 de octubre de 2025.** En un operativo que ha generado indignación entre vendedores ambulantes y vecinos, la presidenta municipal de Santiago Tianguistenco, Erika Olea, ordenó el uso de fuerza pública en conjunto con elementos de la Guardia Nacional para desalojar a decenas de comerciantes del centro del municipio. El incidente, captado en videos que circulan en redes sociales, muestra a un asesor de la alcaldesa dando instrucciones explícitas al comisario local para proceder con violencia contra los afectados.
Los hechos ocurrieron esta mañana en las principales calles comerciales de la cabecera municipal, donde agentes municipales y federales irrumpieron con escudos y toletes, dispersando a los vendedores a empujones y deteniendo temporalmente a varios de ellos. Testigos relatan que el asesor de Olea, identificado en las grabaciones como un colaborador cercano, se acercó al comisario y le indicó: «Empiecen a llevarlos con violencia, no hay tiempo que perder». La escena, que ha sido compartida ampliamente en plataformas digitales, ha avivado las críticas contra la administración local por presunta arbitrariedad.
El trasfondo del operativo radica en un controvertido plan de «reordenamiento urbano» impulsado por el Ayuntamiento, que busca privatizar el comercio informal y reubicarlo en el predio privado conocido como «Las Campanas», ubicado en las afueras del municipio. Según documentos filtrados y denuncias de los afectados, el nuevo esquema impondría cuotas mensuales de hasta 10 mil pesos por metro cuadrado, una tarifa que muchos comerciantes califican de «extorsiva» y que podría dejar sin sustento a cientos de familias dependientes de la venta callejera.
«Esto no es reordenamiento, es un negocio para unos cuantos. Nos quitan nuestro espacio y nos mandan a un lote privado donde pagaremos fortunas por sobrevivir», expresó María López, una vendedora de frutas de 52 años que perdió su puesto en el desalojo. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos ya han anunciado que presentarán quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, argumentando violaciones a la libertad de comercio y el uso excesivo de la fuerza.
La presidenta Olea, contactada por este medio, no respondió de inmediato a las solicitudes de entrevista. En un comunicado breve emitido por el Ayuntamiento, se justificó la acción como «necesaria para modernizar el municipio y garantizar la seguridad pública», sin mencionar las tarifas ni el rol de la Guardia Nacional. Críticos locales vinculan el plan a presuntos intereses inmobiliarios, señalando que el predio «Las Campanas» pertenece a empresarios allegados a la administración.
Este episodio se suma a una serie de tensiones en el Estado de México por políticas de reubicación comercial, en un contexto de creciente desigualdad económica. Mientras tanto, los desalojados exigen diálogo y una moratoria al plan, temiendo que la privatización acelere la gentrificación en la zona. Las autoridades federales no han emitido posicionamiento oficial sobre la participación de la Guardia Nacional en el operativo.
El caso sigue en desarrollo, con protestas espontáneas convocadas para esta tarde en el zócalo municipal.
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