Denuncias de corrupción persisten en la policía de Santiago Tianguistenco; vecinos exigen respuestas a la alcaldesa

Denuncias de corrupción persisten en la policía de Santiago Tianguistenco; vecinos exigen respuestas a la alcaldesa

**Santiago Tianguistenco, Edomex.-** Habitantes de Santiago Tianguistenco denuncian la continuación de prácticas corruptas en la policía municipal, señalando directamente a jefes de turno y al comisario por presuntos cobros irregulares y encubrimientos que contradicen las promesas de la presidenta municipal, Erika Olea de la Torre, de erradicar la corrupción en su corporación.

Según testimonios difundidos en redes sociales y foros locales, los jefes de turno José Luis Enríquez y Marco Antonio Aguirre estarían exigiendo 300 pesos por turno a los elementos policiales a cambio de no laborar, una modalidad que, afirman los denunciantes, es tolerada por el comisario Teófilo Niño Luna, quien supuestamente recibe ganancias de estas actividades ilícitas. «El comisario los tapa porque le cae algo», se lee en una de las quejas virales, que cuestiona: «¿Dónde está lo que dijo la señora presidenta de que no iba a permitir corrupción en su policía?».

El malestar se agrava con acusaciones de abuso de autoridad durante operativos recientes. En particular, durante un procedimiento contra comerciantes en la calle Morelos, un vendedor detenido fue presentado ante el Ministerio Público alegando que portaba un arma blanca, lo que vecinos califica como falso. «Siempre les siembran cuchillos a las personas inocentes para justificar sus detenciones», argumentan, contrastando esto con la aparente inacción frente a delincuentes reales. «Los verdaderos ladrones no les hacen nada; siguen los robos de motos con violencia en las comunidades, ¿y dónde están las nuevas patrullas?», se pregunta en las denuncias.

Los reportes señalan que las unidades policiales, incluyendo la del comisario, se destinan prioritariamente a custodiar negocios privados y una gasolinera en San Bartolo, en lugar de patrullar las zonas de alto riesgo. «Estamos hartos de esta policía que protege a unos y abandona a los demás», concluye un colectivo vecinal en su llamado a la acción.

Hasta el momento, ni la alcaldesa Olea ni el ayuntamiento han respondido oficialmente a estas imputaciones, que han generado un creciente descontento en la población. Activistas locales urgen una auditoría interna y la intervención de instancias estatales, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), para investigar estos señalamientos y restaurar la confianza en las fuerzas de seguridad.

Este escándalo pone en jaque el compromiso de la administración actual con la transparencia y la seguridad pública, en un municipio que ha enfrentado críticas recurrentes por inseguridad y malas prácticas policiales.

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