Denuncia de ac0s0 s3xu@l en el Ayuntamiento de Tianguistenco: Empleada acusa a la presidenta municipal de encubrir a agresor reinstalado en Gobernación
Tianguistenco, Estado de México, 5 de octubre de 2025** – Una auxiliar de la Subdirección de Cultura, Turismo y Fomento Artesanal en el Ayuntamiento de Tianguistenco ha denunciado públicamente un caso de acoso y hostigamiento s3xu@l por parte de un superior, seguido de presuntas irregularidades en el proceso legal y un posible encubrimiento institucional bajo la administración de la presidenta municipal Erika Olea. La víctima, quien solicitó anonimato por temor a represalias, relata cómo su agresor, identificado como Juan Jesús «N.», coordinador de Turismo, no solo fue protegido por la Fiscalía, sino que aparentemente fue reinstalado en la Dirección de Gobernación, permitiéndole continuar laborando pese a las acusaciones.
La historia comienza en el contexto de las elecciones de 2024, cuando la denunciante, una artista de teatro con formación en el ámbito cultural, se sumó de manera voluntaria a la campaña de Erika Olea, convencida de que su liderazgo como mujer podría impulsar un cambio positivo en el municipio. Tras el triunfo de Olea, la mujer inició su labor en enero de 2025 en el Ayuntamiento, ilusionada por un puesto alineado con su perfil profesional.
Sin embargo, lo que comenzó como una oportunidad se transformó en una pesadilla. «El coordinador de Turismo empezó a acosarme: me abrazaba, me jalaba hacia él, me tocaba las manos y hacía comentarios como que ‘yo debería ser su amante'», narra la víctima en su testimonio. Al rechazar estos avances, el hostigamiento escaló a violencia laboral: Juan Jesús «N.» comenzó a desprestigiar su desempeño, tildándola de «floja» frente a superiores y filtrando comentarios negativos a la propia presidenta municipal, lo que puso en riesgo su empleo.
Decidida a poner fin a la situación, la auxiliar presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en mayo de 2025. Pero el proceso, lejos de ofrecer justicia, ha estado marcado por irregularidades y revictimización. El 1 de octubre, durante una audiencia en la Ministerio Público de Tenango del Valle, la funcionaria le propuso un «acuerdo» extrajudicial: recibir 10 mil pesos a cambio de que el agresor pudiera retomar su puesto, argumentando que «tiene una familia que mantener». Las palabras de la autoridad fueron aún más hirientes: «Ni siquiera eres una niña violada», le espetó, advirtiéndole que, de no aceptar, su análisis psicológico podría usarse en su contra.
Al día siguiente, el 2 de octubre, la Fiscalía contactó nuevamente a la denunciante para informarle que Juan Jesús «N.» había aceptado el pago y que debía firmar documentos para cerrar el caso. Ese mismo día, sin justificación alguna, la víctima fue reubicada arbitrariamente de área, asignándole tareas ajenas a sus funciones, como el acceso a contraseñas de sistemas estatales sin autorización oficial. «Siento que es una forma de presionarme o involucrarme en algo indebido para silenciarme», afirma.
Lo más alarmante, según la afectada, es que su agresor no solo evitó consecuencias: fue reinstalado en la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento, un movimiento que percibe como un claro encubrimiento por parte de la administración de Erika Olea. «Apoyé a una mujer en el poder creyendo en el cambio, pero ahora veo cómo protegen a un abusador en lugar de a las víctimas», denuncia con amargura.
Acompañada por una abogada particular, la mujer continúa su lucha legal, pero clama por apoyo social y visibilización. «Necesito que mi caso se haga público para que ninguna otra mujer sea silenciada o revictimizada como yo. Las instituciones no garantizan mi seguridad ni acceso a la justicia», concluye en su llamado urgente.
Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Tianguistenco ni la Fiscalía han emitido declaraciones oficiales sobre el caso. Esta redacción solicitó comentarios a la presidenta municipal Erika Olea, pero no ha recibido respuesta. Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos han expresado solidaridad preliminar, recordando que el hostigamiento s3xu@l en el ámbito laboral es un delito tipificado en el Código Penal del Estado de México, con penas de hasta nueve años de prisión.
El caso pone en tela de juicio la implementación de protocolos contra la violencia de género en administraciones locales, especialmente en un municipio donde la paridad de género fue un eje de campaña. Mientras la denunciante espera justicia, su historia resuena como un recordatorio: el cambio prometido no debe ser solo electoral, sino real para las mujeres que lo impulsaron.
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