Críticas por obra cuestionada de reductores de velocidad en Almoloya del Río: ¿Desvío de recursos o planeación deficiente?
**Almoloya del Río, Estado de México.** – Vecinos del municipio de Almoloya del Río cuestionaron este jueves la utilidad y el costo de una reciente obra de infraestructura vial impulsada por el presidente municipal Oscar Galán, quien asumió el cargo en diciembre de 2024. La intervención, que incluyó la instalación de reductores de velocidad a solo 10 metros de distancia uno de otro, ha sido calificada como un «gasto innecesario» y una posible burla a los recursos públicos, en un contexto de presunto agotamiento presupuestal municipal.
El proyecto, descrito por el Ayuntamiento como una medida para mejorar la seguridad vial en calles principales, generó polémica inmediata entre los habitantes. «Se acabó el presupuesto? Bueno, al menos resolvieron la forma de burlarse de esta obra del presidente Oscar Galán. Hay ni hacia falta esas mamadas, hay un tope a 10 metros», denunció un residente en redes sociales, reflejando el descontento generalizado. Los críticos argumentan que los reductores, separados por apenas una decena de metros, resultan redundantes e ineficaces, especialmente considerando que ya existía un tope más adelante en la misma vía. «Como les gusta gastar a lo pendejo que fueron reductores de velocidad. ¿Casos tú necesitas el municipio? Mencionan si había un tope más adelante: desvío de recursos públicos o planeando la próxima candidatura de su esposa», agregó el usuario, aludiendo a posibles irregularidades financieras y ambiciones políticas de la familia Galán.
Oscar Galán, tomó protesta como alcalde el 23 de diciembre de 2024 tras un triunfo electoral contundente, prometiendo obras prioritarias en movilidad y seguridad. Sin embargo, el sitio oficial del municipio (almoloyadelrio.gob.mx) no detalla el presupuesto asignado a esta intervención, ni publica rendición de cuentas específica, lo que ha avivado sospechas de opacidad. Fuentes locales estiman que el costo por reductor podría superar los 50 mil pesos, sumando un monto significativo para un proyecto de escasa extensión en un municipio con apenas 16.654 km² de superficie y una población predominantemente urbana de alrededor de 4 mil habitantes, según el censo de 2020.
La familia Galán ha estado en el centro de la política local: la esposa del alcalde, identificada en círculos cercanos como una figura activa en el PRI previo a la transición, ha sido señalada por opositores como posible candidata en elecciones futuras, lo que añade un matiz político a las acusaciones de «desvío de recursos». Representantes de la Auditoría Superior del Estado de México (ASE) indicaron que no hay investigaciones abiertas por el momento, pero invitaron a los ciudadanos a presentar denuncias formales ante la Secretaría de la Contraloría estatal para una revisión exhaustiva.
Expertos en movilidad urbana consultados por este medio coincidieron en que los reductores de velocidad deben espaciarse al menos 50 metros para ser efectivos, y recomendaron estudios previos de tráfico antes de cualquier inversión. «Es un derroche que podría destinarse a necesidades reales, como iluminación o mantenimiento de caminos», opinó un ingeniero vial de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Mientras tanto, colectivos vecinales exigen transparencia y una auditoría ciudadana, en un municipio donde las obras públicas han sido históricamente un foco de controversia.
El Ayuntamiento no respondió a solicitudes de comentario hasta el cierre de esta edición, pero Galán ha defendido en sesiones de cabildo su compromiso con «obras palpables» para el desarrollo local.
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