La primera propuesta fue emanada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y la segunda del Partido Acción Nacional (PAN).
En comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, se discutió que, quienes se dedican a este giro, de manera inmoral lucran y abusan de su función administrativa, lo que deriva en denuncias de corrupción en el cobro por la operación de las grúas y corralones en todo el Estado de México.
Y aprovechando vacíos jurídicos, los grulleros se aprovechan de las necesidades sociales, como es el caso de los servicios concesionados y permisionados de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos.
Agregaron los diputados mexiquenses que existe falta de control sobre los carros que ingresan a los corralones, aunado a la opacidad que existe en los cobros de los servicios y el robo de autopartes que se practica al interior de estos inmuebles, lo que se considera un atraco en agravio de la ciudadanía.
En tanto, los conductores están obligados a conocer el reglamento de tránsito vigente, pues desconocerlo propicia también abusos por parte de las autoridades de tránsito en el proceso de multa y arrastre.
Para combatir la corrupción y las injusticias en agravio de quienes utilizan grúas, la 61 Legislatura del Estado de México aprobó en comisiones, y por unanimidad, regular y transparentar estos servicios, al igual que los corralones en toda la entidad.
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