Señalan presunto uso de patrullas y policías municipales para resguardar club privado en Metepec

Señalan presunto uso de patrullas y policías municipales para resguardar club privado en Metepec

Metepec, Estado de México. Diversas denuncias públicas señalan que el alcalde de Metepec, Fernando Flores, presuntamente estaría utilizando patrullas y elementos de seguridad pública municipal para brindar resguardo a un establecimiento privado conocido como “Club La Asunción”, situación que ha generado críticas y cuestionamientos por parte de ciudadanos y presuntos socios opositores.

De acuerdo con las acusaciones difundidas en redes sociales, unidades oficiales y personal de seguridad habrían sido desplegados en las inmediaciones del inmueble, lo que, según los denunciantes, representaría un uso indebido de recursos públicos destinados a labores de seguridad para la población.

Especialistas en materia jurídica señalan que, en caso de comprobarse estas conductas, podrían configurarse diversas faltas administrativas y delitos contemplados en la legislación del Estado de México, entre ellos el uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado y abuso de autoridad.

El delito de peculado contempla la utilización de bienes públicos para beneficio personal o de terceros, mientras que el abuso de autoridad podría aplicarse cuando un servidor público ordena a subordinados realizar actividades ajenas a sus funciones institucionales.

Asimismo, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México establece como falta grave el desvío de recursos públicos, cuando bienes materiales o recursos humanos son destinados a fines distintos a los establecidos por la ley.

Hasta el momento, las autoridades señaladas no han emitido una postura oficial respecto a las acusaciones. Los hechos han sido difundidos en redes sociales, donde diversos usuarios han solicitado la intervención de autoridades estatales y federales para esclarecer la situación y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

Cabe destacar que toda persona se presume inocente hasta que una autoridad competente determine lo contrario mediante los procedimientos legales correspondientes.