Liberan a exfuncionarios del Medio Ambiente del Edomex tras reclasificación del delito

Liberan a exfuncionarios del Medio Ambiente del Edomex tras reclasificación del delito de extorsión

Chalco, Estado de México.— Los exfuncionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, Raúl Piña Horta y Carlos Eduardo Solares Vega, recuperaron su libertad la noche del martes, luego de que una jueza reclasificara el delito de extorsión agravada por el de abuso de autoridad, dentro de un proceso relacionado con presuntos cobros ilegales a propietarios de verificentros.

De acuerdo con información publicada por La Jornada, N+ y medios locales, la resolución se emitió durante una audiencia de aproximadamente ocho horas en los juzgados del distrito judicial de Chalco.

La jueza Sandra Isabel Cortés determinó que el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no acreditó suficientemente el delito de extorsión que originalmente se imputaba a ambos exservidores públicos.

Tras la reclasificación, los dos aceptaron su responsabilidad por abuso de autoridad y se acogieron a un procedimiento abreviado, mediante el cual recibieron una sentencia de un año y cuatro meses de prisión, con posibilidad de sustituir la pena por el pago de una multa.

Según los reportes periodísticos, uno de los sentenciados pagó cinco mil 396 pesos y el otro cuatro mil 772 pesos. Una vez cubiertas las cantidades correspondientes, ambos abandonaron el penal de Chalco.

Como parte de la resolución judicial, también se estableció su destitución de los cargos que desempeñaban y su inhabilitación durante diez años para ocupar empleos públicos. Asimismo, deberán presentarse periódicamente ante las autoridades y cumplir las restricciones impuestas, entre ellas no acercarse a las víctimas.

Presuntos cobros de hasta 200 mil pesos mensuales

El caso se originó a partir de una investigación de la Fiscalía mexiquense sobre una presunta estructura que habría operado desde finales de 2023, mediante la exigencia de pagos ilegales a propietarios de centros de verificación vehicular para permitirles continuar con sus actividades sin obstáculos administrativos.

De acuerdo con los antecedentes difundidos por La Jornada, los funcionarios presuntamente exigían cuotas mensuales de hasta 200 mil pesos, además de otros pagos relacionados con las líneas de verificación, la entrega de hologramas y la renovación de permisos.

Las investigaciones también señalaban que los establecimientos que se negaban a cubrir las cantidades solicitadas podían enfrentar restricciones operativas, como suspensiones de actividades o limitaciones en la entrega de hologramas. Entre los señalamientos figuraba una presunta exigencia extraordinaria de 500 mil pesos por cada línea de verificación durante 2026.

En agosto, la Fiscalía atribuyó a la estructura investigada ganancias superiores a los 430 millones de pesos, cifra relacionada con los cobros que presuntamente se habrían exigido a los establecimientos.

La resolución modifica el rumbo del caso

Raúl Piña Horta se desempeñaba como director general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, mientras que Carlos Eduardo Solares Vega ocupaba la Dirección de Control de Emisiones a la Atmósfera.

Ambos fueron detenidos en agosto y quedaron sujetos a proceso por su presunta participación en los hechos. Sin embargo, la resolución judicial modificó la clasificación penal de las conductas atribuidas y permitió imponer una sanción menor, sustituible por una medida económica.

Aunque recuperaron su libertad, los exfuncionarios no fueron absueltos: recibieron una sentencia por abuso de autoridad, responsabilidad que aceptaron durante el procedimiento abreviado.

El caso mantiene la atención sobre la supervisión de los verificentros en el Estado de México y la actuación de los servidores públicos responsables de regularlos, además de generar cuestionamientos sobre la capacidad de las autoridades ministeriales para acreditar las acusaciones originalmente presentadas.