Las desapariciones en México representan una crisis humanitaria que afecta profundamente a la sociedad, y entre los grupos más vulnerables se encuentran los adolescentes y los niños, cuya situación es particularmente alarmante. Este problema se ha agravado en las últimas décadas debido a la violencia ligada al crimen organizado, la corrupción, la impunidad y las deficiencias en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia.
Los niños y adolescentes son blanco fácil para redes de trata, reclutamiento forzado por parte de grupos delictivos o víctimas de conflictos familiares y sociales que no siempre son investigados adecuadamente. Según datos oficiales, miles de menores han desaparecido en el país, y muchos casos quedan sin resolver, dejando a las familias en un limbo de incertidumbre y dolor. Organizaciones civiles estiman que las cifras reales podrían ser mucho mayores, dado que no todas las desapariciones se reportan por miedo a represalias o desconfianza en las autoridades.
Las zonas más afectadas suelen ser aquellas con alta presencia de crimen organizado, como Tamaulipas, Guerrero o Michoacán, donde los menores son vistos como recursos explotables: ya sea para el trabajo forzado, la violencia o la explotación sexual. Además, la falta de políticas públicas efectivas y la lentitud en los procesos de búsqueda agravan la vulnerabilidad de este sector. Las madres y padres que buscan a sus hijos desaparecidos a menudo se enfrentan a amenazas, estigmatización y un sistema que parece incapaz de responder.
Es un problema que no solo refleja la inseguridad generalizada, sino también la desigualdad y la fragilidad de las estructuras sociales que deberían proteger a los más jóvenes. La niñez y la adolescencia, etapas que deberían estar marcadas por el desarrollo y la protección, se ven truncadas por una realidad que exige atención urgente, recursos y, sobre todo, voluntad política para enfrentar las raíces de esta tragedia. México necesita estrategias integrales que prioricen la prevención, la búsqueda inmediata y la justicia para devolverles a estos grupos vulnerables la seguridad que merecen.