Declaran culpable a exalcaldesa de Amanalco por homicidio calificado de síndico y su escolta
**Toluca, Estado de México, 15 de diciembre de 2025.** – Un juez del Poder Judicial del Estado de México declaró culpable a María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, del delito de homicidio calificado en agravio del síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer (o escolta) Guillermo Jerónimo Roque.
Los hechos ocurrieron el 25 de enero de 2023, cuando las víctimas fueron enviadas por instrucciones directas de la entonces alcaldesa a una zona de alto riesgo en la carretera hacia Zacazonapan. Allí fueron atacados a balazos, y sus cuerpos fueron encontrados dentro de un vehículo con múltiples impactos de arma de fuego.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Martínez Robles ordenó directamente a integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán –identificado como La Familia Michoacana– privar de la vida al síndico, con el propósito de mantener el control absoluto de las decisiones administrativas y políticas en el ayuntamiento, en medio de disputas internas.
La exfuncionaria, quien llegó al cargo postulada por Movimiento Ciudadano y posteriormente buscó acercamiento con Morena tras conflictos en el cabildo, fue detenida en noviembre de 2024 como parte de la Operación Enjambre, un megaoperativo contra funcionarios vinculados al crimen organizado.
Con los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, la autoridad judicial acreditó su responsabilidad penal. La audiencia para la individualización de la pena –que podría oscilar entre 40 y 70 años de prisión– está programada para los próximos días.
Este caso pone de manifiesto los graves problemas de infiltración del crimen organizado en gobiernos locales del Estado de México, donde disputas por el poder han derivado en violencia extrema e impunidad prolongada. La resolución judicial representa un avance en la lucha contra la colusión entre autoridades y grupos delictivos, aunque persisten interrogantes sobre las redes de protección que permitieron estos hechos durante años.