Caen dos presuntos extorsionadores ligados a la Nueva Familia Michoacana en Toluca

Caen dos presuntos extorsionadores ligados a la Nueva Familia Michoacana en Toluca

Toluca, Estado de México. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Erick Jesús «N», alias «Chulo», y José Alfredo «N», alias «Gil», señalados por su probable participación en el delito de extorsión.

De acuerdo con las autoridades, ambos sujetos eran considerados objetivos prioritarios de la denominada «Operación Restitución» y presuntamente estarían relacionados con un grupo criminal identificado como «Nueva Familia Michoacana», vinculado con delitos de secuestro, despojo y afectaciones a la propiedad en municipios como Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Toluca y Zinacantepec.

Las investigaciones señalan que el 14 de febrero de 2025, los ahora detenidos habrían acudido a una bodega propiedad de una víctima de 59 años, ubicada en Toluca, donde presuntamente la amenazaron con armas de fuego para exigirle 10 mil pesos mensuales y la entrega del inmueble, advirtiéndole que, de no cumplir, atentarían contra su vida y la de sus familiares.

Posteriormente, el 18 de marzo, regresaron al lugar para exigir dinero y las llaves de la propiedad. Bajo amenazas, la víctima habría entregado cinco mil pesos y las llaves del inmueble.

Los actos de intimidación presuntamente continuaron el 7 de septiembre de 2026, cuando los sujetos llegaron al domicilio de la víctima, la agredieron físicamente y, con un arma de fuego, le exigieron 20 mil pesos, además de obligarla a trabajar para el grupo delictivo. Ante el temor por su seguridad, la persona decidió abandonar su vivienda.

El 12 de octubre, al regresar para recoger sus pertenencias, encontró un mensaje amenazante firmado con los alias «El Chulo» y «El Pepe».

Tras las investigaciones correspondientes, el Ministerio Público obtuvo las órdenes de aprehensión que fueron cumplimentadas por agentes de la Fiscalía mexiquense. Ambos detenidos fueron ingresados a un centro penitenciario, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Será un juez quien determine su situación jurídica. Cabe señalar que deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.