🚨 DENUNCIAN PRESUNTO PAGO DE $30 MIL PARA EVITAR QUE MENORES FUERAN LLEVADOS AL MP; DIRECTOR DE SEGURIDAD LOS HABRÍA TRASLADADO AL DIF TRAS CASO DE ARMA Y DROGAS EN SECUNDARIA DE CAPULHUAC

Denuncian presunta presencia de arma de fuego y drogas en secundaria de Capulhuac

Capulhuac, Estado de México.— Padres de familia denunciaron una presunta situación de riesgo al interior de la Escuela Secundaria Oficial No. 82 “Profesor José Solano”, luego de que, según su versión, el pasado 30 de septiembre dos alumnos habrían ingresado al plantel con un arma de fuego, cartuchos y presuntas bolsas con droga.

De acuerdo con el reporte ciudadano, los estudiantes habrían sido detectados con estos objetos dentro de las instalaciones escolares. Los denunciantes aseguran que presuntamente el arma se encontraba cargada, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente.

A raíz de este hecho, uno de los padres de familia también denunció un presunto acuerdo económico por 30 mil pesos para evitar que los menores fueran presentados ante el Ministerio Público. Según su versión, el supuesto pago estaría relacionado directamente con el incidente ocurrido dentro del plantel.

El denunciante señaló que, en lugar de ser puestos a disposición de la autoridad ministerial, los menores habrían sido trasladados al DIF Municipal, situación que cuestionó y que pidió sea investigada por las autoridades correspondientes.

Ante estos señalamientos, madres y padres de familia solicitaron la intervención de las autoridades educativas, municipales y de procuración de justicia para esclarecer qué ocurrió, determinar si efectivamente hubo presencia de un arma de fuego y sustancias ilícitas dentro de la escuela y revisar el procedimiento seguido posteriormente con los estudiantes.

Asimismo, hicieron un llamado a la presidenta municipal de Capulhuac, Norma Ortega, para que se investigue la actuación de los funcionarios involucrados y se informe a las familias sobre las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los alumnos.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial pública sobre el supuesto pago de 30 mil pesos, la portación del arma, las presuntas drogas o las circunstancias del traslado de los menores al DIF. Serán las autoridades competentes las que deberán determinar qué ocurrió y, en su caso, deslindar responsabilidades.